¿Qué es la corrupción?
- Se puede entender como el abuso —desde cualquier posición— de poder, con el objetivo de obtener un bien indebido a costa del bienestar colectivo.
- Incluye conductas delincuenciales y prácticas de perfecta legalidad, pero de cuestionable moralidad. Su finalidad no siempre radica en obtener un beneficio económico, sino también acumular prestigio, poder o privilegios de forma ilegítima.
- Es el principal problema del país, la forma más extrema de la privatización; es decir, la apropiación privada indebida de los recursos de la comunidad. Es una forma específica de dominación social basada en el abuso y la impunidad, que es su motor primordial.
La persistencia de la corrupción y la impunidad ha afectado a la sociedad, socavado la credibilidad en el Estado y sus instituciones, minado el Estado de derecho y propiciado la inseguridad jurídica y la incapacidad para garantizar y ejercer derechos fundamentales a plenitud.
No es un asunto cultural ante el cual debamos resignarnos, ni una forma de ser de los mexicanos; sino una desviación que puede y debe ser erradicada.
¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción?
- Ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico de México.
- Emergió con fuerza en los periodos históricos en los que el Estado operó en contra de los principios más elementales de justicia y legitimidad.
- Estuvo presente en los gobiernos postrevolucionarios, permeando en gran parte del aparato burocrático. Los excesos de las y los servidores públicos llegaron a ser tan alarmantes que, en la década de los ochenta, Miguel de la Madrid impulsó la “renovación moral de la sociedad” como lema de su gestión.
- Las prácticas corruptas se agudizaron en el periodo neoliberal, dañando severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas y atender las necesidades de la población. Para hacer frente al descontento causado, los gobiernos neoliberales plantearon estrategias diversas; no obstante, ninguna de ellas abatió los efectos de este mal. Al arribo al poder de Vicente Fox, México ocupaba uno de los primeros lugares en los índices corrupción en el mundo.
- En el gobierno de Felipe Calderón, las estrategias para combatirla fracasaron rotundamente y el problema siguió en aumento; de manera que, en 2011, un año antes del fin del sexenio, el 83% de la población a nivel nacional percibía la corrupción como un fenómeno frecuente.
- Durante la administración de Enrique Peña Nieto, en 2017, el 91.1% de la población consideraba la corrupción como un fenómeno frecuente y su costo, en el ámbito nacional, pasó de 6 418 millones de pesos, en 2015, a 7 mil 217 en el año 2017.
- En 2017, 14.6% de la población adulta experimentó algún acto de corrupción, mientras que 5.4% de los establecimientos la padecieron; además, su tasa de incidencia (25 541 delitos por cada 100 000 habitantes que tuvieron contacto con personas servidoras públicas) fue mayor que la de “robo en calle o transporte público” (11 081 delitos por cada 100 000 habitantes).
- El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señaló a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. El Índice Global de Impunidad 2017 ubicó a México como el país de América en donde más se quedan sin sanción estas conductas ilícitas; y, a nivel mundial, se posicionó en el cuarto lugar.
- Todas las estrategias para combatir la corrupción propuestas por los gobiernos neoliberales fueron novedosas en su tiempo; sin embargo, ninguna de ellas dio los resultados esperados, por el contrario, el problema creció; de tal manera que, en los escándalos de corrupción del sexenio pasado, se vieron involucradas personas funcionarias pertenecientes a las más altas esferas gubernamentales, incluyendo al presidente.
Vicisitudes de la lucha
contra la corrupción
En México, ocho de cada diez personas
que presenciaron algún acto de corrupción no lo denunciaron; mientras que
el 26.4% de las personas no lo hicieron porque lo consideraron inútil.
La organización Impunidad Cero detectó
que, en el ámbito federal, sólo 8 de cada 100 irregularidades son sancionadas,
y el INEGI reportó que, en 2017, únicamente 7 de cada 100 delitos fueron denunciados.
De los 14 752 expedientes de responsabilidad
administrativa abiertos en 2018 por la Secretaría de la Función Pública,
únicamente 5 136 derivaron en sanciones.
Se han establecido Comités de Ética y de
Prevención de Conflictos de Intereses
en todas las instituciones del gobierno federal, pero los Censos Nacionales
de Gobierno revelaron que sólo 17 de las 32 entidades federativas y 7 de
cada 100 municipios contaban con uno.
No obstante, a dichas cifras, erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad es una demanda impostergable en nuestro país, por lo que el actual gobierno federal está empeñado en acabar con este mal en toda la administración pública, no sólo aquella de carácter monetaria, sino también la que conlleva la simulación y la mentira. Erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso y el Poder Ejecutivo Federal dispone de todas las facultades legales para asegurar que ninguna persona servidora pública pueda beneficiarse del cargo que ostente, independientemente del nivel que ocupe.
